Sanción de separación por deportaciones viola derechos fundamentales. Abogados aseguran que existe una violación sistemática de los DD HH
[Washington, Efe] La CIDH determinó que las deportaciones de Estados Unidos violan los derechos de los niños y de las familias, al dictaminar en favor de dos inmigrantes que fueron expulsados del país por haber cometido delitos y separados de sus seres queridos.
En lo que es el primer caso en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata la separación de familias por las deportaciones de inmigrantes, el organismo publicó ayer el informe de fondo sobre el caso de Wayne Smith y Hugo Armendáriz, en el que determina que Estados Unidos ha violado cinco derechos.
El informe, aprobado por la comisión el 12 de julio, concluye que Estados Unidos violó los artículos V, VI, VII, XVIII y XXVI de la Declaración Americana: el derecho a la protección a la honra, a la reputación personal y a la vida privada y familiar; a la maternidad y a la infancia; de residencia y tránsito; de Justicia, y a un proceso regular.
Violación sistemática
“Es una decisión sin precedentes”, señaló en una conferencia telefónica Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), parte denunciante.
David Baluarte, uno de los abogados de CEJIL, afirmó que la CIDH “ha concluido que existe una violación sistemática de los derechos humanos en el proceso de las deportaciones de EE UU”, mientras que Erin Shipola, quien habló en nombre del abogado Robert Pauw, destacó que la decisión “demuestra la necesidad urgente de una reforma”.
El caso, admitido en 2006, se refiere a Wayne Smith y Hugo Armendáriz, ambos residentes legales en Estados Unidos durante 15 y 30 años, respectivamente, que fueron deportados por haber cometido delitos no violentos, pero calificados por el país de “graves”.
Caso emblemático de Armendáriz
Hugo Armendáriz nació en México pero vino a Estados Unidos en 1972, cuando tenía dos años, y se convirtió en residente legal permanente seis años después.
Está casado con una estadounidense, tiene una hija adolescente estadounidense y una joven hijastra adulta también estadounidense. Armendáriz no tiene familiares cercanos en México, tampoco vínculos significativos con ese país y no lee ni escribe en español.
En 1995 fue condenado por posesión de cocaína para la venta, posesión de parafernalia de drogas, y por obstaculizar el juicio.
En 1997, un juez de inmigración expidió una orden de deportación y se rehusó a considerar la dispensa solicitada. Armendáriz apeló la decisión y presentó una solicitud de hábeas corpus y su caso llegó, sin prosperar, al Tribunal Supremo, que desechó sus peticiones en 2003.
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